CACEIS, el segundo mayor banco de Francia, mantiene conversaciones en exclusiva para adquirir la plataforma francesa de criptomonedas Meria. La operación, si se concreta, impulsaría su negocio de activos digitales regulados en un contexto de mayor demanda de servicios cripto bajo supervisión en Europa. Según la información disponible, la compra permitiría a CACEIS incorporar una base de 150.000 clientes y unos 350 millones de euros en activos de clientes, además de una plataforma con licencia que operaría bajo el marco MiCA (Markets in Crypto-Assets) de la Unión Europea. Meria nació en 2017 con el nombre Just Mining y pasó a denominarse Meria en 2022. La compañía pertenece al empresario cripto Owen Simonin, conocido como Hasheur, y ofrece servicios de corretaje y staking tanto a clientes minoristas como institucionales. La negociación llega pocas semanas después de que CACEIS se convirtiera en junio de 2025 en la primera entidad de crédito francesa en obtener una licencia como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) conforme a MiCA. Integrar una plataforma ya operativa aceleraría la expansión de su oferta regulada. Fuentes del sector señalan que Meria no fue el primer objetivo analizado por CACEIS en su búsqueda de crecimiento en el segmento cripto. La entrada en vigor de MiCA en Europa está elevando las exigencias de cumplimiento y favoreciendo que algunas entidades opten por adquirir firmas ya establecidas en lugar de desarrollar infraestructura propia. Las compañías con licencia MiCA han ganado atractivo como objetivo de compra por ofrecer, además del intercambio de criptoactivos, servicios como staking, tokenización e infraestructura para activos digitales, capacidades que pueden respaldar futuros productos como fondos tokenizados y valores digitales regulados. Las conversaciones también se producen después de que Crédit Agricole lanzara recientemente su stablecoin respaldada por euros, EURXT. CACEIS emite el token ERC-20 en Ethereum con respaldo íntegro en euros bajo MiCA. Clientes institucionales han utilizado EURXT para suscribir un fondo monetario tokenizado gestionado por Amundi. CACEIS ha ampliado su actividad en activos digitales mediante custodia, fondos tokenizados y productos cotizados vinculados a bitcoin. La operación propuesta todavía necesita la autorización regulatoria. De cerrarse, ampliaría el perímetro de activos digitales de Crédit Agricole. Aviso: La información incluida tiene fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento financiero. El medio no se hace responsable de posibles pérdidas derivadas del uso de contenidos, productos o servicios mencionados. Se recomienda actuar con cautela antes de tomar decisiones relacionadas con la empresa.

El Banco Popular de China (PBoC) anunció que el 6 de julio de 2026 llevará a cabo una operación de recompra inversa (reverse repo) en el mercado abierto por un importe de 1 billón de RMB. La subasta se realizará con volumen fijo, puja por tipo de interés y asignación a múltiples precios. El vencimiento será a tres meses (91 días), con fecha de expiración el 5 de octubre de 2026, ampliable si coincide con un día festivo.

El Tribunal Supremo ha bloqueado el intento del presidente Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook. En una sentencia 5-4 emitida el 29 de junio, el alto tribunal ratificó las protecciones de cese "por causa" previstas en la Ley de la Reserva Federal y declaró inconstitucional el intento de agosto de 2025 de apartarla del cargo. El caso, Trump v. Cook, abordaba una cuestión directa: si el presidente puede cesar a un gobernador de la Fed por mera voluntad política. El presidente del Tribunal, John Roberts, firmó la opinión mayoritaria y concluyó que no. La norma exige un motivo real para el cese, más allá de desacuerdos políticos. El fallo subraya la relevancia de la independencia estructural del banco central frente al poder ejecutivo y rechaza que exista base legal para un modelo de destitución "a voluntad". Cook, primera mujer negra en el Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, conservará su puesto. Su mandato no vence hasta 2038, lo que la sitúa con opciones de permanecer durante, al menos, otra administración presidencial. El mismo día, el Supremo también avaló una ampliación de la capacidad de Trump para relevar a responsables de otras agencias reguladoras independientes. La Corte sostuvo, en la práctica, que la Reserva Federal ocupa una posición singular dentro del diseño institucional de EE. UU. y merece un nivel de blindaje frente a presiones políticas superior al de otros organismos. La disputa política pasa ahora a otro terreno. Trump y sus aliados han dejado entrever que buscarán vías alternativas para influir en la orientación de la Fed. Dado que no pueden cesar a Cook, la opción más evidente es aprovechar futuras vacantes en el Consejo de siete miembros mediante nombramientos presidenciales, una estrategia que no requiere destituir a nadie, sino esperar a que se abran asientos. Para los inversores en criptomonedas y activos de riesgo, el alcance del fallo va más allá de un nombramiento concreto. La independencia de la Reserva Federal es un factor determinante de la política monetaria estadounidense: decisiones de tipos de interés, endurecimiento o flexibilización cuantitativa y objetivos de inflación dependen de un organismo capaz de tomar medidas impopulares sin temor a represalias. A la vez, la mayor facilidad del Ejecutivo para sustituir dirigentes en otras agencias añade una nueva variable. Si Trump puede reemplazar con más rapidez a los máximos responsables de organismos con influencia sobre la regulación financiera, el marco normativo para las criptomonedas podría variar de forma relevante. Nombramientos en entidades que supervisan valores, derivados o finanzas de consumo pueden traducirse en enfoques muy distintos sobre la supervisión de los activos digitales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que la tokenización no es solo una mejora tecnológica: puede reconfigurar la arquitectura del sistema financiero, con beneficios claros pero también nuevas vulnerabilidades. En su nota titulada "Tokenized Finance", firmada por el consejero financiero Tobias Adrian, el organismo analiza cómo representar activos y pasivos financieros en registros digitales programables podría habilitar liquidación en tiempo real, gestión continua de la liquidez y cumplimiento normativo integrado. A la vez, subraya que esta velocidad puede eliminar amortiguadores temporales —como las ventanas de liquidación al final del día— que hoy ayudan a absorber y gestionar episodios de tensión. Velocidad: ventaja competitiva con costes ocultos Para el FMI, la tokenización supone "una reestructuración significativa del sistema financiero", más que un simple aumento marginal de eficiencia. En los mercados de acciones y bonos, los plazos T+1 o T+2 siguen siendo habituales y ofrecen margen a participantes, cámaras de compensación y supervisores para detectar errores, gestionar necesidades de financiación y coordinar respuestas cuando aparecen disrupciones. Si esos colchones desaparecen, los shocks no solo se transmiten antes: se acelera su propagación por el sistema, un fenómeno que el FMI describe como "propagación acelerada de los shocks financieros". El informe también señala el riesgo de fragmentación. Si instituciones, jurisdicciones y clases de activos acaban operando sobre libros mayores no interoperables, la resolución transfronteriza —ya compleja— podría volverse aún más difícil. El elefante de 26.700 millones de dólares El mercado de activos del mundo real tokenizados ya ronda los 26.700 millones de dólares en valor onchain a mediados de 2026, incluyendo deuda pública tokenizada, fondos monetarios, crédito privado e inmobiliario. En este segmento destaca el Institutional Digital Liquidity Fund de BlackRock, identificado por su ticker BUIDL, que se ha convertido en un producto emblemático. Una entrada de blog del FMI del 2 de julio de 2026 puso el foco en el "anclaje seguro de la confianza pública en las finanzas tokenizadas". El mensaje central: la confianza requiere liquidar con activos seguros —dinero de banco central o equivalentes funcionales— y no depender únicamente de stablecoins privadas o instrumentos sintéticos. Si la liquidación se apoya en dinero privado sin redes de seguridad robustas, una pérdida de confianza en un solo activo de liquidación podría desencadenar un efecto dominó en todo el ecosistema. La política, como cuello de botella El análisis del FMI de julio de 2026 identifica cuatro decisiones de política pública que marcarán la evolución de las finanzas tokenizadas: estándares de interoperabilidad, papel del dinero público frente al privado en la liquidación, marcos legales para los activos tokenizados y mecanismos de respaldo de liquidez. El organismo llevaba tiempo preparando el terreno. En enero de 2025 ya publicó una nota sobre tokenización e ineficiencias de mercado, una señal de que observaba el fenómeno con antelación a la actual ola de adopción institucional. Implicaciones para los inversores Para los inversores cripto nativos, el diagnóstico es ambivalente. Por un lado, el FMI valida la tesis de que los registros programables pueden mejorar el funcionamiento de los mercados. Por otro, refuerza el argumento a favor de supervisión regulatoria y participación del sector público en la capa de liquidación. En un entorno tokenizado con liquidación instantánea y mercados abiertos de forma continua, las necesidades de liquidez dejan de ser periódicas y pasan a ser permanentes. La insistencia del FMI en mecanismos de respaldo de liquidez responde al riesgo de que un episodio de escasez en un punto del ecosistema tokenizado se propague con una rapidez superior a la capacidad de reacción, humana o automatizada.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó una de las mayores iniciativas recientes de inversión minorista con respaldo gubernamental: cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores. El programa prohíbe de forma expresa cualquier exposición a criptomonedas. Bajo la denominación oficial de "Trump accounts", las cuentas permitirán que empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y administraciones estatales y locales aporten acciones cotizadas a vehículos de inversión a nombre de ciudadanos estadounidenses menores de 18 años. El lanzamiento está previsto para el 4 de julio de 2026 y el plan ya supera los 6 millones de cuentas preregistradas. Estructura del programa Unos 1,4 millones de niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 podrán recibir una aportación federal inicial única de 1.000 dólares, en virtud de la ley de reconciliación de 2025. Las contribuciones privadas quedan limitadas a 5.000 dólares por menor y año, mientras que las aportaciones federales, estatales y determinadas contribuciones benéficas no se incluyen en ese tope. Los fondos deberán invertirse exclusivamente en fondos indexados diversificados de renta variable estadounidense o en ETF. La asignación por defecto será un ETF del S&P 500 de bajo coste. BNY Mellon actuará como agente financiero principal del programa. Robinhood se encargará del desarrollo de la aplicación y de la relación con el usuario. El compromiso más destacado llega de la Michael & Susan Dell Foundation, que ha anunciado 6.250 millones de dólares para financiar depósitos de 250 dólares a favor de hasta 25 millones de menores que cumplan los requisitos en códigos postales de menor renta. Veto explícito a las cripto El mandato de inversión es deliberadamente restrictivo: solo se admiten fondos indexados y ETF diversificados de acciones estadounidenses. Quedan fuera las acciones individuales, los bonos, los activos alternativos y, de forma explícita, cualquier activo en criptomonedas o inversión basada en blockchain. Implicaciones para el mercado El impacto potencial se concentra en dos frentes. Por un lado, el volumen de capital que podría dirigirse a productos indexados de renta variable estadounidense. Entre la aportación inicial federal, el compromiso de 6.250 millones de dólares de la fundación Dell y las aportaciones familiares anuales de hasta 5.000 dólares, el programa podría canalizar decenas de miles de millones hacia fondos pasivos en los próximos años. Por otro, BNY Mellon y Robinhood se posicionan como beneficiarios operativos. BNY Mellon asume un mandato de custodia de gran escala con respaldo gubernamental, mientras que Robinhood gana una vía de entrada hacia la próxima generación de inversores, que previsiblemente se incorporará al segmento principal de la plataforma durante la próxima década.

CoinDesk recoge que vuelve a intensificarse la controversia en torno a proyectos de criptomonedas asociados a Donald Trump. Datos citados por The Wall Street Journal indican que cerca de dos tercios de las carteras que compraron la memecoin Official Trump (TRUMP) presentan ahora pérdidas no realizadas. En el caso del token World Liberty Financial (WLFI), alrededor del 85% de los compradores del mercado secundario también está en pérdidas. El recuento agregado apunta a unas 1,48 millones de carteras en negativo. El informe precisa que esa cifra corresponde a carteras con pérdidas no realizadas vinculadas a TRUMP. Ross Gerber criticó la iniciativa cripto asociada a Trump y sostuvo que numerosos inversores minoristas han sufrido pérdidas mientras quienes participan en el proyecto han obtenido beneficios sustanciales. Aun así, el número de carteras no equivale al de inversores. Un mismo usuario puede controlar varias carteras, y algunas pueden corresponder a cuentas de plataformas o custodia. Por eso, estos datos reflejan mejor la distribución de posiciones que un conteo exacto de pérdidas por persona. TRUMP se ha desplomado desde sus máximos. Tras su lanzamiento en enero de 2025, atrajo una fuerte demanda minorista y su capitalización llegó a rozar brevemente los 15.000 millones de dólares. Desde entonces, el precio ha caído de forma sostenida; las informaciones apuntan a un descenso de alrededor del 97% desde el pico, con una capitalización aproximada de 404 millones de dólares. La volatilidad ha reabierto el debate sobre tokens vinculados a figuras políticas: los críticos sostienen que los activos con un fuerte componente de marca personal pueden captar capital a corto plazo, pero cuando llega la corrección, los compradores del mercado secundario suelen concentrar la mayor parte de las pérdidas. El texto también señala que la senadora estadounidense Elizabeth Warren impulsa un endurecimiento de la regulación cripto, con un foco específico: limitar que cargos electos en ejercicio y sus familias se beneficien directamente de proyectos de activos digitales, al considerar que ese tipo de esquemas supone un riesgo claro de conflicto de interés. Medios internacionales interpretan que la polémica ya no se limita a la evolución del precio de un token, sino que se extiende a si los responsables políticos deben participar en proyectos cripto mientras ocupan el cargo y a si la normativa vigente cubre adecuadamente los posibles arreglos de intereses. Con la intersección creciente entre la política electoral en EE. UU. y la industria cripto, iniciativas similares podrían afrontar un mayor escrutinio.

El presidente de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig, criticó públicamente el nuevo marco fiscal para criptomonedas aprobado en Illinois, al considerar que el estado "va en la dirección equivocada" en un momento clave para el desarrollo de la tecnología financiera, según CoinDesk. El foco de la polémica es una tasa del 0,2% que gravará determinadas actividades relacionadas con activos digitales a partir del 1 de enero de 2027. La medida se incorporó al presupuesto del ejercicio fiscal 2027 de Illinois y abarca un amplio abanico de servicios: no solo el emparejamiento de operaciones, también ciertas transferencias, custodia y servicios de monedero. La norma obliga a determinados intermediarios de activos digitales a registrarse ante la agencia tributaria estatal y a presentar informes mensuales sobre las actividades sujetas al gravamen antes de iniciar operaciones. Además, deberán desglosar el impuesto por separado y asumir la responsabilidad de recaudarlo en nombre de los contribuyentes. Esto podría forzar a plataformas de trading, proveedores de monederos e instituciones de custodia a introducir cambios de sistemas y asumir nuevos costes de cumplimiento. El alcance no se limita a empresas con presencia en Illinois. También podrían quedar sujetas plataformas offshore y compañías de fuera del estado si prestan servicios a usuarios en Illinois. Asesores fiscales señalan que registros de clientes, direcciones postales, direcciones IP y otros datos podrían utilizarse para determinar si una empresa entra en el perímetro regulatorio, lo que añade dificultades prácticas de implementación. El sector teme que la identificación de usuarios y de transferencias gravables incremente la complejidad operativa y termine elevando los costes para los usuarios. En una declaración del 1 de julio, Selig defendió que la blockchain podría transformar el flujo de valor en los mercados del mismo modo que internet revolucionó la transmisión de información. A su juicio, los activos tokenizados podrían llegar a abarcar materias primas, divisas, acciones y bonos, y un impuesto específico a las actividades cripto podría dejar en desventaja competitiva a residentes y empresas del estado. Selig también reprochó a los legisladores de Illinois avanzar con reglas estatales mientras el Congreso aún debate marcos estructurales y fiscales más amplios para el mercado cripto, incluidos aspectos como pagos con stablecoins, minería, staking, préstamos, normas de wash sale, donaciones benéficas y obligaciones de divulgación. En paralelo, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y la CFTC revisan conjuntamente la regulación del mercado cripto en áreas como derivados, margen y estructura de mercado, lo que refuerza la percepción de un choque entre la fiscalidad estatal y un posible marco federal uniforme. La oposición del sector ha ido en aumento desde que el gobernador JB Pritzker promulgó el presupuesto. Michael Saylor, cofundador de Strategy, calificó el impuesto de "gran error". Asociaciones de la industria advierten de que el esquema podría encarecer el servicio al usuario y empujar a empresas cripto a trasladar operaciones fuera del estado. Otro argumento de los críticos es que el gravamen no se limita a beneficios o plusvalías, sino que recae directamente sobre la actividad, lo que podría imponer una carga de cumplimiento mayor a transferencias ordinarias de monederos, sistemas de reporte de intermediarios y negocios de activos digitales que la que soportan mercados como acciones, bonos o derivados.

Según ChainThink, citando a Bitcoin.com, el Banco Central de Brasil publicó la Resolución nº 580/2026, que modifica las Resoluciones nº 436/2024 y nº 201/2022. La norma encuadra a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs, por sus siglas en inglés) y a los grupos dominados por estos en la Categoría 3, de modo que queden sujetos a las mismas exigencias regulatorias que los intermediarios de valores, los distribuidores de valores y los brókeres de divisas. Desde el 1 de enero, las entidades afectadas deberán cumplir los requisitos prudenciales, incluidas las reglas de gestión de riesgos, las exigencias de capital y las políticas de divulgación de información. Además, con independencia de su tamaño, los VASPs deberán estar incluidos en el Segmento 4 antes del 30 de junio y no podrán acogerse al tratamiento de cumplimiento simplificado previsto para el Segmento 5.

Según BlockBeats, el 3 de julio el Banco Central de Brasil publicó la Resolución nº 580/2026, que encuadra a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en la supervisión de Categoría 3 y los somete a exigencias prudenciales equivalentes a las de las sociedades de corretaje de valores, distribuidoras de valores y brokers de divisas. La norma fija que, desde el 1 de enero de 2027, los VASPs deberán cumplir requisitos regulatorios en materia de gestión de riesgos, suficiencia de capital y obligaciones de divulgación, entre otros. El regulador añadió que, antes del 30 de junio de 2028, todos los VASPs pasarán a quedar bajo el marco de Segmento 4 y dejarán de poder acogerse al régimen de cumplimiento simplificado del Segmento 5, reservado a entidades de bajo riesgo. El Banco Central explicó que la medida responde al principio de "mismo negocio, mismo riesgo, misma regulación" y busca armonizar la regulación de los activos virtuales con los estándares internacionales.