La Casa Blanca ordena a los reguladores eliminar normas "innecesarias" sobre criptoactivos
La Casa Blanca anunció el fin de lo que califica como regulación innecesaria sobre Bitcoin y el mercado cripto. El presidente Trump firmó el 19 de mayo de 2026 una orden ejecutiva que instruye a los reguladores financieros federales a revisar y actualizar las normas que, según el Ejecutivo, dificultan la integración de los activos digitales en los servicios financieros tradicionales.
La orden apunta a reglas consideradas obsoletas en distintas agencias y pide identificar aquellas que generan barreras evitables para empresas fintech, bancos y compañías de activos digitales. El objetivo declarado es recortar costes, impulsar la competencia y facilitar la colaboración entre las finanzas tradicionales y el sector cripto.
El movimiento se suma a una agenda iniciada más de un año antes. El 23 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que creó el President’s Working Group on Digital Asset Markets, con el mandato de proponer regulaciones susceptibles de derogación o modificación para reforzar el liderazgo de EE. UU. en finanzas digitales. La secuencia entre aquel grupo de trabajo y la nueva orden refleja un giro sostenido del enfoque regulatorio.
Entre las decisiones más relevantes en ese camino figura la derogación del SEC Staff Accounting Bulletin 121 (SAB 121). Esa guía contable elevaba de forma significativa el coste de custodia de activos digitales para la banca al exigir que las tenencias cripto de los clientes se reflejaran como pasivos en el balance de las entidades. Su retirada abre la puerta a que grandes instituciones financieras ofrezcan servicios de custodia sin ese tratamiento contable.
El Departamento de Justicia también emitió directrices para limitar lo que la industria denominó "regulación por vía penal", es decir, el uso de acciones de enforcement como sustituto de una normativa clara. Durante la administración Biden, la SEC y el DOJ presentaron decenas de casos contra empresas cripto, a menudo basados en normas que, según sus críticos, no estaban definidas o aplicadas con claridad al ámbito de los activos digitales.
Reserva Estratégica de Bitcoin y el contexto
Más allá de la revisión normativa, la administración dio un paso adicional al institucionalizar una tenencia pública de BTC. El 6 de marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para crear una Strategic Bitcoin Reserve. La reserva se financia con activos decomisados, es decir, Bitcoin incautado en actuaciones policiales y judiciales, no con compras financiadas por contribuyentes. El mensaje político es claro: el Gobierno de EE. UU. pasa a posicionarse como tenedor de Bitcoin, además de regulador.
La Casa Blanca ha encuadrado estas iniciativas en su ambición de convertir a EE. UU. en la "capital cripto del planeta". El cambio respecto a la etapa anterior no se limita a medidas concretas: supone una inversión del enfoque. Donde la administración Biden priorizaba la contención mediante enforcement, la actual apuesta por incentivar el desarrollo del sector. El resultado, si deriva en un ecosistema sólido o en un mercado más desordenado, está por verse.
En paralelo, el Ejecutivo ha señalado avances en dos frentes clave: legislación de estructura de mercado y marcos para stablecoins. Son prioridades históricas de la industria, que sostiene que el principal freno a la adopción masiva es la falta de reglas claras, más que la existencia de regulación. En el caso de las stablecoins, hay impulso bipartidista: legisladores de ambos partidos consideran que las stablecoins denominadas en dólares podrían reforzar la hegemonía del dólar en los pagos digitales globales. Un marco nítido podría acelerar la adopción institucional y atraer potencialmente billones de dólares en volumen de transacciones al mercado doméstico.
Implicaciones para los inversores
El entorno regulatorio en EE. UU. es el más favorable hasta la fecha para los activos digitales. La combinación de la derogación de reglas contables restrictivas, la creación de una reserva gubernamental de Bitcoin, el freno a la dinámica de enforcement como sustituto regulatorio y la nueva instrucción a las agencias para retirar obstáculos completa un giro de calado.
Para los inversores institucionales, el factor más determinante puede ser la custodia bancaria. Con la eliminación del SAB 121, los grandes bancos pueden ofrecer custodia cripto y servicios asociados sin un tratamiento punitivo en balance. Se elimina así una de las principales barreras que mantenía a muchas entidades al margen. Es previsible que en los próximos meses más bancos anuncien servicios de custodia de activos digitales a medida que despliegan la infraestructura necesaria.
La Strategic Bitcoin Reserve introduce un elemento nuevo en la dinámica de oferta de Bitcoin. Aunque se alimenta de activos decomisados y no de compras en mercado abierto, el hecho de que el Gobierno mantenga esos BTC en lugar de liquidarlos mediante subastas reduce la presión vendedora. Históricamente, las subastas de Bitcoin incautado, como las realizadas por el US Marshals Service, han sido eventos relevantes para el mercado. Mitigar esa presión, incluso parcialmente, es un factor estructuralmente alcista para BTC.
En el lado de los riesgos, una regulación más ligera puede implicar menos salvaguardas, y el historial del sector en materia de autorregulación es irregular. Quiebras como FTX o Terra/Luna se produjeron en entornos con supervisión limitada. La administración afirma que mantendrá "estándares de seguridad necesarios" mientras recorta burocracia, pero el debate central será dónde se traza la línea entre lo necesario y lo prescindible.
Los inversores también deberían seguir de cerca la tramitación legislativa sobre stablecoins y estructura de mercado. Las órdenes ejecutivas pueden revertirse con un cambio de administración; la legislación es más difícil de deshacer. Si el Congreso aprueba leyes integrales sobre estructura del mercado cripto y stablecoins en esta ventana de alineamiento político, se consolidaría una base regulatoria más duradera, y esa certidumbre es clave para que los grandes asignadores asuman compromisos relevantes con la clase de activo.
