La industria cripto surcoreana rechaza nuevas reglas AML que exigirían STR en transferencias transfronterizas superiores a 10 millones de wones
BlockBeats informa que, el 4 de mayo y según Yonhap News, DAXA —la Digital Asset Exchange Alliance, que agrupa a 27 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) registrados— presentó objeciones al proyecto de reforma del Decreto de Ejecución de la Ley de Información Financiera Específica, impulsado por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU).
La propuesta obligaría a los VASP nacionales a presentar un Reporte de Operación Sospechosa (STR) por cualquier transferencia de activos virtuales hacia VASP del extranjero, con independencia del nivel de riesgo, cuando el importe alcance 10 millones de wones surcoreanos (aprox. 6.800 dólares) o más.
DAXA advierte de que el volumen anual de reportes en las cinco principales plataformas del país —Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax— se multiplicaría por 85: de unas 63.000 notificaciones el año pasado a más de 5,4 millones, lo que haría el cumplimiento prácticamente inviable.
El sector también rechaza la exigencia planteada de verificar la exactitud de la información del cliente, al considerar que la normativa subordinada introduce obligaciones que no figuran de forma expresa en la ley.
Este pulso llega en paralelo a varios litigios entre exchanges y reguladores. El 9 de abril, un tribunal anuló parcialmente la suspensión de actividad impuesta a Dunamu, operador de Upbit, aunque el regulador recurrió la decisión. El 30 de abril, la justicia suspendió la sanción de suspensión parcial por seis meses impuesta a Bithumb. Coinone también obtuvo una suspensión cautelar de la ejecución.
El periodo de consulta pública concluye el 11 de mayo y se espera que el texto quede finalizado en julio tras la revisión regulatoria y legal. El episodio subraya la fricción entre el endurecimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en criptoactivos en Corea del Sur y el temor del sector a cargas de cumplimiento excesivas.
