El CLARITY Act incorpora normas éticas para altos cargos en la regulación de activos digitales
Los republicanos del Senado han ampliado el CLARITY Act al incorporar disposiciones éticas junto a las reformas de estructura del mercado de activos digitales. El borrador revisado prohibiría a altos cargos del Gobierno —incluidos el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso, los jueces federales, los funcionarios cubiertos por la norma y sus cónyuges— emitir o patrocinar activos digitales a cambio de una remuneración.
El texto también exige que los funcionarios cubiertos desinviertan sus tenencias de criptomonedas o las trasladen a fideicomisos ciegos, con restricciones vigentes hasta el 20 de enero de 2029. El incumplimiento podría acarrear sanciones de hasta 250.000 dólares por día. AD Source: Lummins.senate.gov
El objetivo es recortar los conflictos de interés y reforzar la confianza en la futura regulación del sector cripto. La iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio del legislador por combinar reglas de funcionamiento del mercado con exigencias de rendición de cuentas.
El debate ético se reaviva por las ganancias cripto
Estas cláusulas éticas llegan tras el aumento del escrutinio político sobre los negocios cripto del presidente Trump. En 2025, las declaraciones financieras públicas reflejaron más de 1,4 billones de dólares en ingresos vinculados a criptoactivos, lo que reabrió el debate sobre posibles conflictos de interés.
En X, el congresista James E. Clyburn preguntó si los inversores en iniciativas cripto de Trump podrían recibir un trato favorable por parte de su Administración. En la misma línea, el senador Bernie Sanders sostuvo que el CLARITY Act podría permitir que las ganancias cripto de Trump continuaran. Source: X
En conjunto, estas críticas incrementaron la presión para separar el ejercicio del cargo público de los intereses privados en activos digitales. Mientras los republicanos respondieron con nuevas restricciones éticas, los demócratas sostienen que el borrador mantiene lagunas relevantes, por lo que la aplicación y la supervisión seguirán siendo asuntos centrales a medida que avance el debate en el Senado.
¿Aportarán las normas éticas más certidumbre regulatoria?
La atención del mercado se desplaza de la intención legislativa a la percepción de los inversores. Los institucionales suelen priorizar marcos de gobernanza previsibles, además de claridad regulatoria, antes de comprometer capital a largo plazo.
La versión revisada del CLARITY Act combina reformas de estructura de mercado con exigencias éticas, como reglas de desinversión, fideicomisos ciegos cualificados y umbrales de divulgación por encima de 1.000 dólares. El paquete busca evidenciar que la política sobre activos digitales puede mantenerse al margen de los intereses financieros personales de los cargos públicos.
Aun así, si persisten exenciones relevantes que afecten la inversión a largo plazo en los mercados estadounidenses de activos digitales, esas excepciones podrían terminar condicionando la participación institucional en el tiempo.
Resumen final
El CLARITY Act revisado amplía el marco regulatorio de los activos digitales al añadir salvaguardas éticas para altos cargos públicos. Su eficacia dependerá de si el refuerzo de estas normas mejora la credibilidad regulatoria y la confianza del inversor institucional.