Ley CLARITY: la quinta versión de la normativa cripto de EE. UU. supera la Cámara de Representantes
El congresista Tom Emmer subraya que la Ley CLARITY no es fruto de un impulso reciente. El "whip" de la mayoría en la Cámara y copresidente del Congressional Crypto Caucus califica la Digital Asset Market Clarity Act of 2025 como, aproximadamente, la "quinta o sexta iteración" de los intentos del Congreso por dotar a EE. UU. de un marco federal para los activos digitales.
El texto, registrado como H.R. 3633, fue presentado el 29 de mayo de 2025 por French Hill, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Su objetivo central es delimitar qué agencia federal regula cada parte del mercado de activos digitales. En la práctica, la SEC y la CFTC mantienen competencias solapadas y, en ocasiones, posiciones contradictorias; la Ley CLARITY pretende trazar una frontera clara entre ambas jurisdicciones.
Entre las novedades figura una prueba de "blockchain madura", un esquema de clasificación destinado a determinar cuándo un activo digital puede considerarse mercancía (commodity) en lugar de valor (security). Si una red alcanza determinados umbrales de descentralización, su token nativo podría tratarse como mercancía digital, en vez de como contrato de inversión sujeto a la supervisión de la SEC. El proyecto también establece que ciertas redes descentralizadas pueden considerarse no-valores y señala que los proveedores no custodiales de activos digitales no serán clasificados como transmisores de dinero. Emmer ha restado importancia a las preocupaciones de las fuerzas de seguridad sobre este punto y sostiene que el marco propuesto aborda los riesgos de financiación ilícita sin asfixiar la innovación.
La Cámara de Representantes aprobó la Ley CLARITY el 17 de julio de 2025 con apoyo bipartidista, por 294-134. El Comité Bancario del Senado dio trámite a una versión actualizada el 14 de mayo de 2026, con un resultado de 15-9.
La implicación de Emmer va más allá de este proyecto. En el pasado impulsó y volvió a presentar la Blockchain Regulatory Certainty Act, cuyas disposiciones terminaron incorporándose en la Ley CLARITY. Que describa el texto actual como la quinta o sexta versión refleja tanto la complejidad del encaje regulatorio como la persistencia de sus promotores.
Implicaciones para los inversores: la prueba de "blockchain madura" podría ser especialmente relevante para grandes redes layer-1 y sus ecosistemas. Si una cadena demuestra suficiente descentralización, su token podría evitar el marco más exigente asociado a la consideración de valor bajo la SEC. Esto afecta a cómo se listan los tokens en las plataformas, cómo se comercializan entre inversores minoristas y cómo los proyectos diseñan su gobernanza.
En DeFi, la cláusula sobre proveedores no custodiales también podría tener un impacto notable: aclarar que escribir o desplegar software no custodial no convierte a un desarrollador en transmisor de dinero reduciría un importante efecto disuasorio sobre el desarrollo en EE. UU.
Aun así, la propuesta debe superar el pleno del Senado, y la conciliación entre las versiones de Cámara y Senado puede introducir cambios. La diferencia entre el margen de 294-134 en la Cámara y el 15-9 en comité del Senado anticipa un recorrido más exigente en la Cámara alta, con la posibilidad de que el texto final difiera del aprobado por la Cámara de Representantes.
