La Blockchain Association pide a los reguladores que excluyan las transferencias P2P de stablecoins de las nuevas reglas de identificación

La Blockchain Association ha solicitado a cinco reguladores financieros de EE. UU. que acoten los nuevos requisitos de identificación de clientes previstos bajo la GENIUS Act: deben aplicarse a las relaciones directas entre emisor y cliente, no a las transferencias ordinarias entre particulares (P2P) de stablecoins. El grupo presentó comentarios formales antes del plazo del 21 de agosto y el 24 de agosto resumió su postura: respalda el objetivo de frenar la financiación ilícita, pero reclama definiciones más precisas, menos cargas duplicadas de cumplimiento y un reconocimiento explícito de herramientas modernas de identidad digital. Qué proponen los reguladores En junio, FinCEN, la Office of the Comptroller of the Currency, la Reserva Federal, la FDIC y la NCUA publicaron conjuntamente una propuesta para implantar un programa de identificación de clientes (CIP, por sus siglas en inglés) dirigido a emisores de stablecoins de pago permitidas. La norma exigiría un CIP por escrito y basado en riesgos, integrado en controles más amplios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Antes de abrir una cuenta, los emisores deberían recabar, por regla general, el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento (o la fecha de constitución en el caso de entidades) y un número de identificación, además de verificar la identidad mediante métodos documentales o no documentales. Los registros se conservarían durante cinco años tras el cierre de la cuenta; los registros de verificación, durante cinco años desde su creación. Dónde fija el límite la industria La asociación coincide en que el CIP debe aplicarse cuando exista una relación directa con el cliente: emisión, reembolso, conversión, recompra o custodia de una stablecoin de pago. Su objeción es que la norma se extienda a transferencias P2P posteriores en las que el emisor no intermedia, no facilita ni aprueba la operación. El propio planteamiento de las agencias se aproxima en gran medida a esa frontera. Indica que el mero hecho de poseer o controlar un token no crea una "cuenta" y que las transferencias que solo interactúan con el emisor a través de un smart contract quedan, por lo general, fuera de la definición propuesta. El texto califica estas interacciones como "actividad de mercado secundario", que incluye movimientos desde wallets autocustodiadas, operaciones en exchanges, compras a intermediarios y pagos directos a comercios. Los reguladores estiman que cerca del 99% de las transacciones con stablecoins se realizan en ese ámbito y subrayan que los emisores tienen capacidad limitada para obtener identidades sin contacto directo con los usuarios. Identidad digital y riesgo de duplicidades La Blockchain Association pide mantener flexibilidad sobre cómo se recopila y verifica la información del cliente, con un apoyo explícito a herramientas de identidad digital y tecnologías de verificación interoperables. La propuesta ya permite verificación documental y no documental y pregunta si el texto final debería abordar identidades digitales y credenciales verificables; la asociación recomienda hacerlo para impulsar opciones eficientes y respetuosas con la privacidad. El grupo también alerta de un posible solapamiento de obligaciones: los emisores suelen operar junto a bancos, exchanges y otras entidades reguladas que ya realizan controles de clientes. El borrador permitiría que el emisor se apoye en determinados trabajos de identificación realizados por otra institución financiera regulada a nivel federal, siempre que la confianza sea razonable, esté regulada por contrato y se certifique anualmente, aunque el emisor seguiría siendo responsable del cumplimiento. La asociación solicita aclaraciones sobre cómo deben funcionar estos esquemas de "reliance" con afiliadas, intermediarios y entidades reguladas por los estados. Próximos pasos El periodo de comentarios públicos terminó el 21 de agosto. A partir de ahora, los reguladores revisarán las aportaciones y podrían ajustar definiciones clave, incluidas "cuenta", "cliente" y "digital asset service provider", antes de publicar la norma definitiva. Una vez publicada, los emisores dispondrían de 12 meses para cumplir; por el momento no se ha anunciado fecha de publicación final. Contexto regulatorio Estas reglas de CIP se apoyan en la GENIUS Act, que considera a los emisores permitidos de stablecoins de pago como instituciones financieras sujetas a la Bank Secrecy Act. El marco GENIUS pretende frenar en EE. UU. la emisión no autorizada de stablecoins de pago a partir del 18 de enero de 2027. Los reguladores no llegaron al plazo original de elaboración normativa previsto por la ley, lo que reduce la ventana de preparación. El CIP final deberá encajar con otras propuestas pendientes sobre licencias, requisitos de reservas, programas AML, cumplimiento de sanciones y órdenes legales. El tratamiento de los reembolsos directos, el uso de credenciales digitales y la dependencia de terceros será determinante para el nivel de carga de cumplimiento que soporten los emisores.